La Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida (DNAyCR) presentó un acuerdo de restauración con el fin de que una adolescente acusada de haber realizado dos amenazas de bomba en el colegio Las Esclavas pueda trabajar en conjunto a la institución. Así se busca una solución favorable para reparar el daño causado al establecimiento y a la sociedad tucumana y poder trabajar en su reinserción social.

La Fiscalía de Cibercriminalidad que conduce Carlos Saltor imputó a la menor de haber amedrentado en dos oportunidades, el 17 y 30 de agosto de 2023, al colegio Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús al enviar correos electrónicos a la cuenta de e-mail del establecimiento educativo, advirtiendo que había elementos explosivos en las instalaciones.

El pasado 17 de abril, la auxiliar de fiscal Jessie Luz García formalizó la acusación de cargos e intentó exponer un acuerdo de suspensión de juicio a prueba al que habían arribado entre el Ministerio Público Fiscal, el defensor José Maximiliano Rasguido, la adolescente y su madre. Dicha probation consistía en que la joven realizara tareas de servicio comunitarios en una institución de ancianos. Sin embargo el acuerdo no pudo ser celebrado en esa oportunidad ya que la DNAyCR se opuso y solicitó la suspensión para realizar un dictamen psicológico de la menor.

Un mes y medio después, la Defensoría solicitó una nueva audiencia en la cual presentó un proyecto de acuerdo restaurativo y requirió el sobreseimiento de la joven. Al exponer en qué consistía el acuerdo, el auxiliar defensor Andrés Avellaneda señaló que en su creación no sólo participaron la joven, su familia y su representante legal, sino que también intervinieron las autoridades del colegio, una psicóloga y un trabajador social del Ministerio Público de la Defensa.

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Para poder plantear el acuerdo hubo un trabajo previo por parte de la Defensoría de Niñez que consistió en una serie de reuniones en las cuales los profesionales le explicaron a la joven sobre el proceso judicial. Además, tanto ella, como sus padres y los representantes del colegio pudieron hablar sobre lo sucedido, manifestar sus inquietudes y encontraron de manera conjunta una forma de reparar el daño causado.

Según indicó el representante de la DNAyCR, la adolescente pidió disculpas y se mostró arrepentida por sus actos y se comprometió a realizar tareas solidarias junto a su familia en el Hogar San José hasta que termine el ciclo lectivo y egrese del colegio. Durante ese lapso, la joven iría un día a la semana durante dos horas al Hogar a preparar las donaciones de ropa que recibe la institución para que sean ofrecidas para su venta.

El Ministerio Público Fiscal manifestó que no estaba de acuerdo con el pedido de sobreseimiento de la menor pero no se opuso a la posibilidad de arribar a un acuerdo restaurativo. Fue así que la auxiliar de fiscal le solicitó al juez que en caso de que hiciera lugar al pedido de la DNAyCR también suspenda los plazos de la investigación.

Acuerdo restaurativo

El juez Federico Moeykens resolvió no hacer lugar al sobreseimiento y suspendió los plazos procesales para que todas las partes, incluido el MPF, puedan ahondar en el proyecto y llegar a un acuerdo restaurativo que logre pacificar el conflicto. Al rechazar el sobreseimiento, el Juez remarcó la gravedad de los hechos sucedidos y el costo operativo que tuvo para la comunidad y también para otros niños, niñas y adolescentes, que son compañeros del colegio, atravesar esta situación de falsas alarmas que generaron un desgaste en los recurso valiosos del Estado. Por ello consideró necesario ampliar las instancias de diálogo grupales, con el objeto de solucionar la controversia motivo del delito denunciado y lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades del caso.